Pueblo Histórico Mexicano Amenazado por una Represa

Apoyo a una batalla jurídica en curso

Una batalla luchada bajo términos injustos

Fue a través de las noticias que los habitantes de Temacapulín se enteraron por primera vez en 2008 que sus hogares serían inundados debido al incremento de la altura de la represa El Zapotillo.  Las noticias tomaron por sorpresa a todos ya que el proyecto que había sido aprobado no incluía la inundación de este poblado histórico del siglo XVI en el estado de Jalisco.  Poco después se contrató a abogados de la organización sin fines de lucro Colectivo COA, quienes presentaron una solicitud basada en el derecho a la información, sólo para recibir como respuesta que la información sobre el proyecto era  “reservada”. Según el gobierno, hacer pública dicha información podría “poner en peligro la seguridad de las personas que circundan la zona en la que se llevará a cabo la construcción de la Presa” poner en riesgo la seguridad de quienes vivían en el área en la que se estaba planificando la represa”.

Los abogados presentaron un amparo que buscaba un mandamiento judicial que detuviese la construcción hasta que los derechos de las comunidades afectadas fueran respetados.  La corte mexicana negó el amparo  mediante el argumento de que la represa era “sólo un proyecto” que no amenazaba con ningún daño inminente. Mientras tanto, el gobierno decía  a los pobladores “o se salen o se ahogan”.

Ante lo que ahora parecía que sería una batalla legal larga e injusta, los abogados locales invitaron a un grupo de asesores legales para ayudar en el diseño e implementación de una estrategia legal.

EDLC brinda un análisis jurídico

EDLC se ofreció a elaborar un análisis de las violaciones al derecho internacional y a las normas sobre  desplazamiento en el curso del proyecto por parte del gobierno mexicano. Los argumentos de EDLC fueron propuestos en un memorial legal y un dictamen pericial que fueron extensamente utilizados para apoyar diferentes demandas para detener la represa.

En uno de estos juicios, la corte ordenó al gobierno que detuviese la construcción de viviendas que estaba construyendo en tierras infértiles donde planeaba reubicar a la gente de Temacapulín sin su consentimiento. Sin embargo, la decisión jamás fue aplicada y cuando se determinó que el gobierno estaba en desacato, una corte de apelaciones desestimó el caso del todo mediante el argumento de que las comunidades afectadas no tenían un interés jurídico en el caso.

Finalmente se obtuvo un fallo judicial  para detener la construcción  de la represa en febrero de 2011, cuando aproximadamente veinte por ciento de la obra  ya había sido construida.  El fallo declaraba que los derechos de los habitantes de Temacapulín no habían sido respetados ya que los pobladores no habían sido informados o consultados, como la ley lo exige, antes de que se tomara la decisión de incrementar el tamaño de la represa – e inundar su pueblo. Difícilmente el fallo pudo haber sido otro considerando que durante todo el proceso de obtención de la licencia, los habitantes de  Temacapulín no habían sido considerados o incluidos de alguna manera. De hecho, la única mención de Temacapulín en toda la documentación del proyecto figuraba en una lista de ítems de construcción, que  señalaba lacónicamente que “el pueblo de Temacapulín será sumergido bajo el embalse”.

Pese a que el fallo que ordenó el cese de la construcción fue por supuesto una victoria enorme, el gobierno mexicano se negó a aplicarlo y presentó un recurso  sobre el cual señaló cínicamente que “seguramente no sería resuelto antes de que fuera demasiado tarde”.

1 2Siguiente Página »

- International Rivers, 11 de febrero de 2011