EDLC Enlista a Holland & Knight para que Represente a las Comunidades
En 2005, los líderes de COCAICH, en estrecho trabajo con International Rivers, una organización no gubernamental con sede en los Estados Unidos, solicitaron a EDLC que buscara un bufete jurídico estadounidense que los representara en los inminentes procesos ante la Comisión de Verificación.
El bufete jurídico de Holland & Knight convino en aceptar el caso. El equipo de abogados del bufete jurídico estaba encabezado por el socio de Washington D.C. Enrique Gómez-Pinzón, un negociador comercial internacional, y la socia de 
Tallahassee Elizabeth Bevington, una litigante comercial. El equipo ha incluido a dos docenas de asociados, empleados paralegales y aprendices extranjeros de ocho de las oficinas del bufete jurídico. El equipo legal conformado por Holland & Knight, y el trabajo que el equipo ha realizado a favor de las comunidades afectadas por la represa, bien podrían ser el mayor esfuerzo pro bono singular en la historia legal estadounidense por un bufete jurídico a favor de clientes en un país en vías de desarrollo.
El Proceso de Negociación
Los abogados presionaron para convocar la primera reunión, que se debió realizar hace mucho, de la Comisión de Verificación. En julio de 2005, el gobierno anunció la formación de la Comisión, y se invitó al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo a participar. La primera reunión de la Comisión finalmente se llevó a cabo a fines de ese año con ambos bancos presentes.
Sin embargo, no fue hasta muchos meses después, cuando los abogados consiguieron el involucramiento y liderazgo personal directo del Vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein Barillas en el proceso de negociación, que el gobierno y COCAHICH firmaron un convenio en el que se establecía el marco para la identificación, verificación y reparación de los daños y pérdidas sufridos por las comunidades. Entre otras cosas, las partes convinieron identificar qué comunidades fueron afectadas por Chixoy y crear mecanismos para reparar cualquier daño y para monitorear y verificar el cumplimiento de dichos compromisos de reparación.
El convenio disponía además la creación de una nueva Mesa Redonda para supervisar el proceso, con facilitación provista por Roberto Menendez, representante de la Organización de Estados Americanos. La Mesa Redonda creó a su vez tres Comisiones Técnicas para realizar el trabajo descrito líneas arriba, asistidos por un equipo técnico multidisciplinario de profesionales y expertos de diversos campos.
¿Una resolución a la vista?
El gobierno de Guatemala, ahora bajo una nueva administración, renovó su convenio con las comunidades afectadas por Chixoy en 2008, en el que se confirma la necesidad de cuantificar los daños y pérdidas 
ocasionados por la construcción de la represa. El gobierno y las comunidades afectadas han desarrollado un plan de reparaciones, el cual fue firmado por el gobiern en abril de 2010.
El plan exigía un pago de $150 millones a las comunidades por los daños y pérdidas, con la construcción y reparación de cientos de viviendas, la mejora de caminos, sistemas nuevos de agua y alcantarillado, y otros proyectos de infraestructura. El acuerdo también exige la implementación de un plan de gestión para la Cuenca de Chixoy sobre la base del manejo integral de cuencas, lo que incluye la reforestación con plantas nativas, el establecimiento de un flujo ecológico adecuado para la cuenca, y garantías de cantidad y calidad mínimas del agua.
El Congreso guatemalteco aprobó el monto inicial de $10 millones para la indemnización de las comunidades afectadas para el año 2011; sin embargo el Presidente todavía no ha firmado el acuerdo final. Ahora, en su sexto año de trabajo en el caso, el equipo de Holland & Knight continúa su representación vigorosa de las comunidades, presentando reclamos a la Comisión e instando a que finalmente se haga justicia. Se espera que la línea de la meta esté finalmente a la vista.
