Richard Meeran, el abogado de Leigh Day que lideraba el equipo legal, describió en caso de esta manera:

“La compañía debe haber estado consciente del trato inhumano a las víctimas durante su experiencia terrible de tres días en la mina de Río Blanco. Sin embargo, no existe evidencia de que hubiera tomado medidas para evitar el daño. Por el contrario, parecería que la compañía estaba trabajando en confabulación con la policía. Es vital que se responsabilice legalmente a las multinacionales por las violaciones de los derechos humanos que ocurren en sus operaciones en el extranjero”.

Lo que dicen los ex-empleados de la mina

De acuerdo a las declaraciones de ex-empleados de la mina, la policía llegó por helicóptero y fue llevada al área del comedor, donde recibió instrucciones directamente del gerente de la mina. Se dice que el gerente advirtió a los oficiales de policía que estaban en riesgo de ser sobrepasados y asesinados por los manifestantes que se acercaban si no tomaban “todas las medidas necesarias”. Las declaraciones sostienen además que el personal de seguridad indicó a la policía dónde desplegarse, y que los comandantes de la policía no hablaron durante estas sesiones informativas.

Uno de los ex-empleados de la mina dijo que antes de que empezara la protesta, el gerente de la fuerza de seguridad de la mina dio órdenes a la policía “indicando los puntos de operación en un mapa; por ejemplo, los puntos geográficos, la rotación del personal de policía, y los peligros que podrían encontrar en cada área. También explicó que tenían que reportarse cada diez o quince minutos por medio de la radio con la administración de la compañía minera”.

Añadió que cuando los manifestantes llegaron: “La policía disparó gases lacrimógenos de inmediato. Vi a los miembros de la comunidad que querían hablar, pero se les negó esto de inmediato y fueron gasificados. Luego de este enfrentamiento, los miembros de la comunidad, que eran unos 500 o 600, se echaron para atrás y se detuvieron a unos quince metros de la policía. Se podía observar que, entre los manifestantes, había algunos niños, mujeres jóvenes, y personas mayores”.

Más mala conducta

En el curso de la preparación para el juicio, los abogados se enteraron que la presunta complicidad de la empresa en la represión contra los opositores no había comenzado o finalizado con los tres días de tortura. En vez, los testigos sostuvieron que un año antes y un año después de aquellos eventos, se llevaron a cabo numeroros otros casos de actos violentos y provocativos contra los opositores a la mina.

Se realizó una audiencia de dos días ante la Alta Corte a principios de 2011 para considerar si estos otros actos podían ser considerados “como evidencia de que el maltrato en 2005 había sido ordenado y orquestado por Monterrico/Río Blanco, y como muestra de que las acciones de los funcionarios de Monterrico/Río Blanco en julio de 2005 eran parte de una estrategia más grande de intimidación y violencia dirigida hacia los opositores a la mina”. La corte falló a favor de las víctimas, permitiendo que sus reclamos fueran modificados para incluir las acusaciones de complicidad pasada y subsiguiente de la empresa en la mala conducta.

Justicia para las víctimas

El caso tenía programado un juicio de diez semanas en Londres en octubre de 2011 en el que las víctimas planeaban llamar a ochenta testigos. Una de las víctimas de tortura Las partes llegaron a un acuerdo confidencial en julio, bajo el cual las víctimas han recibido pagos de indemnización. Los clientes, Leigh Day, y EDLC están muy complacidos con el resultado excelente. Este caso marca la primera vez que una corporación europea ha sido demandada por tortura.

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Opositores a la Actividad Minera Torturados

- Río Blanco Copper, declaración pública del 16 de enero de 2009