Derechos Humanos

Manifestantes contra la Mina Tintaya Torturados

La historia se repite

En 2009, EDLC investigó denuncias de veintiocho activistas peruanos que habían sido raptados y torturados en el lugar de una mina de propiedad de Monterrico Metals, una compañía inglesa. EDLC reclutó a los abogados de Leigh Day, un bufete jurídico que ha liderado los litigios internacionales de responsabilidad corporativa. Leigh Day presentó una demanda en contra de la compañía en la Corte Superior de Londres donde obtuvo una orden que congelaba 8 millones de dólares de los activos de la compañía. Luego de una batalla legal masiva, Monterrico compensó a las víctimas por completo. En 2012, EDLC quedó impactado al averiguar lo que sonaba como una serie de eventos similares en otra mina en Perú (Tintaya), de propiedad de otra compañía minera (Xstrata). EDLC contactó nuevamente a Leigh Day, que envió otra vez a un equipo legal a Perú a investigar.

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La mina Tintaya de Xstrata

En 2006, la gigante minera Xstrata adquirió la mina a tajo abierto Tintaya en Espinar, Perú. Por muchos años, ha existido una disputa entre la comunidad y la mina acerca de temas que incluyen la contaminación, derechos sobre la tierra, y responsabilidad social. El anterior propietario de la mina había instalado una mesa de diálogo con la comunidad local. Según muchos de los miembros de la comunidad, cuando Xstrata se hizo cargo, la compañía incumplió con esos acuerdos.

Las protestas de 2012

Las relaciones se deterioraron, y a partir del 21 de mayo de 2012, una huelga general contra la compañía fue convocada por una organización local. La compañía había firmado previamente un acuerdo de seguridad pagada con la policía – permitido bajo la ley peruana – y cientos de oficiales de policía fueron llamados, muchos de los cuales parecen haber tenido como base un cuartel y una estación de policía dentro del mismo emplazamiento de la mina.

Una semana después, una masiva protesta resultó en que quince manifestantes fueran heridos y tres personas muertas. Los miembros de la comunidad sostienen que las fuerzas de seguridad dispararon con balas reales, y golpearon, amenazaron de muerte, y detuvieron ilegalmente a los manifestantes. Como resultado de dichas acciones, muchos sufrieron serios daños físicos y psicológicos de largo plazo. Una de las víctimas recibió un disparo en la cabeza con un bote de gas lacrimógeno, lo que ocasionó que quedara parapléjico y requiera asistencia constante de sus padres. Extenso rodaje de película e imágenes de las protestas parecen mostrar a los empleados de la mina coordinando con la policía, y proveen evidencia de respaldo fuerte de las lesiones sufridas por las víctimas.

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La demanda

En 2013, Leigh Day entabló uma demanda a nombre de veintidós peruanos ante la Corte Superior de Londres contra Xstrata y su subsidiaria que es propietaria de la mina. Las víctimas sostienen que fueron sometidas a abusos de derechos humanos, detención ilegal, y maltrato por parte de la policía y el personal de seguridad afiliado a Xstrata o bajo la dirección de la misma durante las protestas.

Xstrata presentó su respuesta en 2014, impugnando la jurisdicción de la corte y argumentando que el caso requeriría que una Corte Inglesa decidiera sobre la legalidad de los actos de la policía de un país extranjero. La Corte de Apelación en Inglaterra emitió recientemente una decisión en otro caso que parecería aplastar esta defensa.

ONGs internacionales y nacionales, que incluyen a Amnistía Internacional, están apoyando el caso. Médicos por los Derechos Humanos (PHR) elaboró informes médico-legales sobre las heridas de las víctimas. Aún no se ha fijado una fecha para el juicio.