El memorial sostiene que las personas no pueden ser condenadas por un crimen cuando no han hecho nada más que organizar una protesta contra una amenaza de daño ambiental. Permitir lo contrario no sólo violaría las normas de la legislación penal, sino que también violaría los derechos humanos de los acusados, los que incluyen el derecho a la libertad de expresión, la libertad de asociación, y  a la participación.

Asimismo, el memorial sostiene que este caso no puede ser considerado por si sólo, sino que debe ser considerado como parte de un problema mucho mayor que es la persecución global de activistas que se pronuncian por el ambiente y en representación de la gente afectada por el daño a su medio ambiente. El enjuiciamiento debe ser visto por lo que es: un esfuerzo por parte de un gobierno de tomar a los líderes ambientales como su objetivo en un intento por callar no sólo a estas personas en particular, sino a aquéllos en cuya representación ellos se pronuncian.

¿Cargos de terrorismo por realizar una consulta?

El segundo caso en Perú implica cargos penales – lo que incluye al terrorismo – presentados por un oscuro grupo local contra tres docenas de alcaldes, abogados y otros que lideraron la oposición y organizaron una  consulta local sobre el propuesto proyecto minero de Río Blanco ubicado cerca de Tambogrande. La demanda impresionantemente amplia y vaga afirma que la gama completa de actividades legítimas de oposición, combinada con  algunas afirmaciones altamente refutadas de actos ocasionales de daño a la propiedad y violencia a lo largo de varios años de intenso debate sobre un proyecto, constituye terrorismo. La “evidencia” que mantiene el fiscal consiste en cientos de artículos de periódicos sobre la controversia minera.

Lo que es aún más sorprendente sobre las acusaciones es que con los cargos penales de Tambogrande, no existe una sola afirmación de que cualquiera de los líderes hubiera participado, dirigido o hubiera sabido sobre cualquier acto criminal. La meta aparente es castigar a los líderes por ejercer sus derechos de expresión y protesta, y de esa manera disuadir la oposición al proyecto. Desde que se presentaron los cargos, las personas que lo hicieron no testificaron en cuatro ocasiones, sosteniendo que es un abuso de la legislación nacional sobre el terrorismo – o cualquier otra legislación penal – invocarla para sofocar el debate sobre temas de gran preocupación pública.

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“Cuando los defensores del medio ambiente abogan por la gente impotente y a la que se le niega su derecho de votar contra un proyecto ambientalmente destructivo, con demasiada frecuencia los defensores también sufren violaciones de sus propios derechos humanos.”

- Memorial de Amicus curiae a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enviado por organizaciones ambientales en las Américas