Defensa de Tierras

La Lucha de los Tarahumara por sus Tierras

Choreachi es una de las comunidades indígenas más tradicionales en la Sierra Tarahumara, que ha ocupado desde tiempos inmemorables un área de 80.000 acres cerca de las famosas Barrancas de Cobre de México. Choreachi es tanto un tesoro cultural como ecológico de importancia internacional. Su gente ha luchado por mucho tiempo contra la tala ilegal de árboles y sus tierras de bosques primarios de pino. En la década de 1990, fueron despojados de sus derechos sobre sus tierras y amenazados por una comunidad campesina vecina que reclamaba la mitad de las tierras de los Choreachi sobre la base de documentos fraudulentos.

La gente de Choreachi adoptó un nuevo enfoque legal en 2007, presentando su demanda de reconocimiento de derechos territoriales en términos de los derechos de los pueblos indígenas. A solicitud de la comunidad, EDLC reclutó a un equipo de abogados de DLA Piper para investigar y elaborar un memorial sobre los derechos de los pueblos indígenas para ser presentado en el caso pendiente ante el Tribunal Agrario en México. El informe sostiene que los derechos de la gente de Choreachi a sus tierras y recursos naturales están garantizados por la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales sobre derechos humanos que son vinculantes para las cortes mexicanas.

Se han llevado a cabo las audiencias del caso y la corte continua recibiendo estudios periciales sobre antropología y topografía. Este caso determinará el destino de un pueblo, sus tierras y bosques sagrados, y su capacidad de sobrevivir como cultura. Si el fallo de la corte es a favor de Choreachi, éste podría ser un importante precedente para otros pueblos indígenas de México que entablan demandas similares.

Daños de la Palma Aceitera en Camerún

Los bosques húmedos de Camerún están entre los bosques biológicamente más ricos del mundo, albergando a numerosas especies de flora y fauna únicas y amenazadas. Herakles Farms, basada en EE.UU., propuso que una plantación de monocultivo de 200.000 acres de palma de aceite fuera superpuesta a un mosaico de bosque denso, agrobosque, tierras agrícolas, y asentamientos humanos en esta área. El acuerdo de 2009 entre Camerún y la compañía exime a la compañía de impuestos por los primeros diez años de producción y fija una tasa de alquiler de $.20 por acre para tierra sin explotar, lo que es muy por debajo de las tasas históricas.

La mayoría de las 45.000 personas de las treinta y ocho aldeas pequeñas afectadas por la plantación dependen fuertemente de la agricultura para alimentar a sus familias y generar ingresos. Ellos temen que la desforestación ocasionada por la plantación altere dramáticamente sus medios de subsistencia y limite más aún su capacidad ya limitada de expandir el área de tierras de la cual dependen.

En 2011, con la ayuda de EDLC, ellos presentaron una petición solicitando una orden restrictiva a la corte regional en razón de violaciones de las leyes camerunesas. Abogados reclutados por EDLC en Londres elaboraron argumentos jurídicos sobre la base del derecho internacional. La corte concedió la petición, pero la compañía tuvo éxito en lograr que se reemplazara al juez debido a un supuesto “sesgo.” EDLC también reclutó a abogados del bufete WilmerHale, quienes buscaron entablar una conversación con la compañía y ayudar de otras maneras. En 2014, Camerún concedió un arrendamiento para la plantación a la compañía, pero redujo el área en un 70%. Ahora parece que la compañía no podrá desarrollar el proyecto.

Comunidades Afectadas por Represas en Brasil

En 2010, EDLC se enteró de que se habían entablado casos por difamación contra las personas afectadas por la represa Barra do Braúna que había sido construida por una subsidiaria de Brookfield Renewable Power, una corporación canadiense. Aquéllos que estaban siendo demandados habían objetado a la negación de la subsidiaria de la compañía a pagar indemnización y brindar un reasentamiento adecuado a las comunidades afectadas por la represa. La subsidiaria había utilizado tácticas de intimidación para obligar a algunas de las familias a aceptar tratos de compensación injustos. EDLC revisó también los reclamos de compensación pendientes y concluyó que éstos eran razonables.

Debido a que se sospechaba que la compañía matriz canadiense no estaba plenamente consciente de los actos de su subsidiaria, EDLC reclutó al bufete jurídico Sack Goldblatt Mitchell de Toronto para que entablara una conversación con la compañía matriz. El bufete llamó la atención de la compañía a la seria mala conducta de su subsidiaria e hizo notar que Brookfield no había cumplido con los estándares internacionales de conducta corporativa, así como las normas internacionales y mejores prácticas en casos que involucran el reasentamiento involuntario. El bufete instó a la compañía a que retirara sus denuncias legales contra los desplazados y a que negociara una resolución de todos los reclamos de buena fe.

Inmediatamente, la compañía matriz canadiense respondió positivamente, aceptando negociar con los afectados por el proyecto. Todos los reclamos de compensación, incluso aquéllos de vivienda, indemnización por las tierras, y apoyo durante el periodo de transición, fueron aceptados como válidos. Se llegó a un acuerdo sobre el monto adeudado en cada caso y se pagaron estos montos en 2011. La compañía pidió disculpas a la gente local por el manejo previo del asunto por su subsidiaria.