Guatemala vota sobre minas: Sipacapa y Huehuetenango

Los ciudadanos de numerosas comunidades guatemaltecas han realizado consultas sobre la minería. Cada consulta resultó en que grandes mayorías expresaron su oposición a los planes de desarrollar proyectos mineros adyacentes a sus comunidades.

El proyecto de la Mina Marlin y la comunidad de Sipacapa

El proyecto de la Mina Marlin, propuesto por Montana Exploradora, una subsidiara de Glamis Gold, fue el tema de la primera consulta sobre explotación de recursos en Guatemala. Dos municipalidades, Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, serían afectadas por la mina, aún cuando la mayor parte de la mina está ubicada en San Miguel. Aunque hubo oposición a la mina en ambas municipalidades, sólo el consejo municipal de Sicapaca decidió someterla a consulta.

Tristemente, la consulta fue precedida por el tipo de violencia que a menudo acompaña a los 49 Guatemala minasproyectos mineros propuestos. En diciembre de 2004, los manifestantes empezaron un bloqueo de un convoy de equipo minero por cuarenta y dos días. El bloqueo terminó cuando más de 1.200 soldados y 400 oficiales de policía empezaron a disparar contra los manifestantes. Un agricultor indígena resultó muerto y veinte otros heridos.

Dos semanas más tarde, el Obispo local condujo a tres mil manifestantes en una protesta contra la mina, pero luego tuvo que ser puesto bajo protección del gobierno a causa de las amenazas de muerte. Después, el vehículo de un líder fue incendiado y a él y a dos activistas contra la actividad minera se los amenazó de muerte. Según la compañía, durante ese mismo período, los activistas contra la actividad minera amenazaron a su personal.

Juicios por la consulta propuesta

El 24 de enero de 2005, el Consejo Municipal de Sipacapa aprobó las primeras tres resoluciones que establecían una consulta en favor o en contra de la “actividad minera, exploración y explotación de minerales en minas a cielo abierto” Se estableció una comisión que involucraba a las estructuras locales de gobierno y al Concejo Municipal para organizar y publicar la decisión. La decisión iba a ser vinculante y aplicable en todo el territorio de Sipacapa.

Cinco días antes de la consulta, Glamis se presentó ante una corte para pedir una orden judicial para evitar que se llevara a cabo la consulta. Se otorgó una orden judicial provisional. La municipalidad apeló la decisión ante el Tribunal Constitucional, pero el alcalde decidió retirar su apoyo a la consulta.

Alrededor del mismo tiempo, en un esfuerzo paralelo por detener la consulta, el Ministerio de Energía y Minas nacional fue directamente al Tribunal Constitucional, el cual no emitió una orden judicial (la decisión final del Tribunal se discute líneas abajo). No obstante, como resultado de la orden judicial obtenida por Glamis, el gobierno municipal siguió rehusándose a llevar a cabo la consulta. Esto llevó a que la Iglesia Católica, junto con Madre Selva, una organización no gubernamental guatemalteca, y Ajchmol, un grupo maya, asumieran la responsabilidad de realizar la consulta.

Dos semanas mas tarde, el Obispo local dirigió a tres mil manifestantes en una protesta contra las minas, pero luego tuvo que ser puesto bajo protección gubernamental a causa de las amenazas de muerte.