Perú: las Votaciones de Tambogrande, Río Blanco, y Candarave

Tambogrande: El proyecto propuesto

En 1999, una compañía minera canadiense, Manhattan Minerals, propuso el desarrollo de una mina de oro y cobre en – y por debajo – del bullicioso pueblo agrícola de Tambogrande en el noroeste del Perú, Debido a la ubicación de la mina, en el mismo pueblo y bajo la creencia de que el proyecto propuesto amenazaba a la provisión local de agua y a las ricas tierras agrícolas de las cercanías del pueblo, muchos residentes locales se opusieron al proyecto. Un estudio independiente concluyó que el río local tendría que ser desviado y que 8.000 de los 20.000 habitantes del pueblo tendrían que ser relocalizados.

Los opositores de la mina propuesta se involucraron en repetidas demostraciones pacíficas pero, a principios de 2001, una multitud incendió las casas “modelo” que la compañía planeaba dar a las familias desplazadas por la primera fase del proyecto. El 31 de marzo de 2001, Godofredo García, líder del movimiento opuesto a la mina, fue asesinado por un disparo de un francotirador solitario cuando su vehículo se encontraba detenido en camino a su casa.

Después del acto incendiario y el asesinato, el Alcalde Alfredo Rengifo, un admirador de Ghandi, intentó encontrar una solución no violenta al volátil asunto. Él inició una petición contra el desarrollo de la actividad minera, la cual presentó al Congreso peruano con firmas de más del  75% de los votantes de Tambogrande. El gobierno se rehusó a actuar.

La consulta local

Entonces, el Alcalde Rengifo descubrió una oscura disposición de la legislación municipal peruana que permitía una “consulta vecinal” o votación local no vinculante que podía ser realizada por las municipalidades sobre asuntos de importancia local. Solicitó algún financiamiento de Oxfam UK para ayudar a cubrir el costo de llevar a cabo la consulta. En general, más de una docena organizaciones no gubernamentales (ONGs) de derechos humanos nacionales e internacionales apoyaron el proceso.

El 2 de junio de 2002, el pueblo de Tambogrande tuvo la primera consulta local mundial sobre un proyecto de desarrollo de recursos. Participó un 73% de los votantes elegibles y el 98% de ellos se pronunciaron en contra de la mina propuesta.

El gobierno nacional se rehusó a reconocer los resultados. Aún antes de la votación, el Ministro de Energía y Minas de Perú lo condenó como ilegal y prometió que “no tendría ningún valor legal”. Manhattan comentó que el hecho que la consulta fue realizada tres semanas antes de la publicación del estudio ambiental financiado por la compañía “debía ser visto por lo que era: una maniobra de relaciones públicas,” y condenó a las ONGs extranjeras que se oponían al proyecto por no ofrecer alternativas de desarrollo y por “desinformar” a la población.

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Campesinos y habitantes del pueblo se reúnen en la plaza principal de Tambogrande para ver un documental sobre como con el propio esfuerzo de ellos han logrado parar la mina realizando una votación.

El Alcalde Rengifo descubrió entonces una oscura disposición en la legislación municipal del Perú que permitía una “consulta vecinal” o consulta local no vinculante.