Los observadores internacionales que presenciaron la consulta disintieron. El Centro de Derechos y Democracia, con sede en el Canadá, informó sobre su percepción que la consulta “fue realizada de una manera libre, democrática y transparente, permitiendo a los ciudadanos la oportunidad de expresar sus opiniones mediante el voto secreto con garantía efectiva de que los votos serían contados correctamente” y expresó su “esperanza de que [el voto] ayudará a reducir el nivel de conflicto y a encontrar una solución a los problemas.

El  Ministro de Energía y Minas del Perú prometió sostener audiencias en los pueblos afectados, aunque advirtió que la legislación minera nacional asignaba las decisiones exclusivamente al gobierno nacional. La comunidad continuó realizando acciones públicas para recordar tanto a Manhattan como al gobierno nacional su fuerte oposición a la actividad minera en el área. En noviembre de 2003, a una huelga general de tres días  le siguió una demostración contra la actividad minera en la plaza principal del pueblo a la que asistieron más de 10.000 residentes.

El fin del proyecto

Un mes después, el gobierno peruano encontró que Manhattan Minerals no había cumplido en reunir los criterios esenciales para comenzar trabajos en la mina. Manhattan anunció que sometería la decisión a 88 200x150 Perúarbitraje pero, a principios de 2005, se llegó a una conclusión finalmente. Manhattan no pudo encontrar una gran corporación minera multinacional que ayudara a cumplir las condiciones del gobierno. De acuerdo al presidente de Manhattan “El problema para nosotros fue no poder encontrar ese tipo de socio porque las condiciones sociales estuvieron tan opuestas a la minería que nadie quería tocarla”.

Río Blanco

La segunda consulta local de este tipo en Perú se realizó en la misma región de Tambogrande, en tres comunidades más pequeñas en el alto de las faldas de los Andes. Esta vez, el objeto fue una mina de cobre y molibdeno llamada el proyecto de Río Blanco, propuesto por la Minera Majaz.

Muchas de las comunidades se habían opuesto al plan minero desde que la exploración empezó el 2002. Desde entonces, dos hombres han sido asesinados, uno a causa de una granada de gas disparada por la Policía Nacional y otro por un disparo mientras llevaba a un manifestante herido a una ambulancia. Muchos más han sido heridos en enfrentamientos y manifestaciones.

El Grupo de Estudio del Perú y una ONG del Reino Unido con experiencia en temas de recursos, publicó un extenso análisis del proyecto Río Blanco en marzo del 2007 en el que detalló la historia del conflicto entre el gobierno nacional y la compañía minera, por un lado, y las comunidades y ciudadanos locales por el otro. Los autores recomendaron una consulta debido a que ambos lados estaban totalmente polarizados; y debido a que una consulta proveería “una declaración clara sobre el equilibrio de opiniones” con el que todas las partes “tendrían que vivir y aceptar”.

Campesinos y habitantes del pueblo se reúnen en la plaza principal de Tambogrande para ver un documental sobre como con el propio esfuerzo de ellos han logrado parar la mina realizando una votación.

El Alcalde Rengifo descubrió entonces una oscura disposición en la legislación municipal del Perú que permitía una “consulta vecinal” o consulta local no vinculante.