Legislación nacional que permite las consultas locales

Legislación Nacional sobre Consultas Locales

La legislación de los diferentes países varía tremendamente en relación a las consultas locales. El problema empieza con la terminología. Una consulta local puede ser llamada referéndum (optativo, obligatorio, u abrogatorio); consulta (popular, local o comunitaria); iniciativa local, plebiscito, etc. Cada uno de esos términos tiene un significado algo diferente y exactamente el mismo término puede tener significados también diferentes en los sistemas legales de diferentes países.

Para hacer más complicado el tema, la Constitución y la legislación nacional de cada país prescribirán sí y bajo qué circunstancias se puede realizar una consulta local; qué temas pueden ser objeto de una consulta; quién puede autorizar la realización de una consulta; cómo se llevará a cabo la consulta; el efecto de la consulta, etc. Algunas comunidades evitan totalmente el problema simplemente efectuando una consulta local, ignorando si la pregunta de si dicha consulta está permitida o tiene algún efecto legal.

Es imposible para este páguina Web o cualquier otro responder a la pregunta de si es permisible una determinada consulta local sobre un proyecto de explotación de un recurso natural y mucho menos describir los procedimientos legales locales para realizar dicha consulta. En lugar de ello, debería consultarse a un abogado local que esté familiarizado con la legislación nacional sobre tales consultas. Lo que EDLC puede hacer en esta sección es dar una rápida orientación sobre los tipos de legislación nacional existente en la materia, así como identificar los recursos existentes en Internet para obtener mayor información.

Para comenzar

La legislación que permite a las comunidades realizar consultas locales puede encontrarse en la Constitución del país y/o en el derecho positivo (legislativo). Algunas Constituciones proporcionan un derecho general a los ciudadanos para que realicen consultas locales sobre temas de preocupación local, un concepto al que a menudo se hace referencia como “democracia directa”.  El derecho positivo puede entonces definir las circunstancias bajo las cuales puede llevarse a cabo una consulta local, así como los detalles de cómo llevar a cabo una consulta permisible.

A nivel de la legislación nacional, aparte de la Constitución, otros lugares importantes para buscar legislación sobre consultas locales son la ley electoral; la ley sobre las facultades de municipalidades, provincias, y estados; las leyes que rigen la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales; y las leyes relacionadas con los pueblos indígenas. Algunas personas sostienen que la autorización para realizar una consulta local  sobre una ley propuesta sobre recursos naturales no necesita ser explícita y que el derecho de llevar a cabo dicha consulta puede estar implícito en otras disposiciones de la ley relacionada con las anteriores materias.

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Los mecanismos de democracia directa, incorporados principalmente en los años 90, son herramientas políticas que pueden promover la participación ciudadana y su involucramiento en la vida pública…

- Alicia Lissidini, “Democracia Directa en Latinoamérica: entre la delegación y la participación” (2007)