Defensa de Tierras

Acaparamiento de Tierras en Colombia

Leyes sobre la tierra para proteger los derechos de los campesinos

El acaparamiento de tierras por corporaciones agroempresariales es una gran amenaza a la forma de vida de las comunidades en los países en vías de desarrollo en el África, Asia, y Latinoamérica. EDLC está trabajando con abogados locales en un caso que cuestiona las compras masivas de tierra por Cargill en el este de Colombia, donde el gobierno había previamente otorgado el título de pequeñas granjas a los campesinos en las aisladas altiplanicies.

Con más de 80% de su tierra en manos de 14% de sus terratenientes, el sistema de propiedad de la tierra en Colombia es uno de los menos equitativos del mundo. En 1994, Colombia promulgó legislación para proteger los derechos de los campesinos pobres a tener tierras. La Ley 160 fija las condiciones para otorgar tierras fiscales (baldíos) a los campesinos pobres, así como para transferencias subsiguientes a terceros. La ley busca evitar la acumulación de grandes extensiones de tierra en manos de unos cuantos al establecer un límite para la cantidad de acres que pueden ser de propiedad de una sola persona o compañía.

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Cargill intenta rodear la ley

Cargill quería adquirir grandes áreas de tierra en el departamento de Vichada, pero gran parte de la tierra que quería comprar estaba sujeta a la Ley 160. Para poder eludir la ley, Cargill creó docenas de pequeñas compañías que no tenían ni capital ni otra propiedad. A través de estas compañías, Cargill adquirió, entre 2010 y 2012, treinta y nueve lotes de terreno contiguos que hacen un total de más de 130.000 acres El gobierno intentó “legalizar” esta práctica de apropiación de tierras después del hecho. El primero de estos intentos – una ley que permitía la adquisición de porciones grandes de baldíos si es que iba acompañada por el monto requerido de inversión, fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional de Colombia en 2012.

En 2013, las adquisiciones de tierras por Cargill y otras compañías llegaron a las primeras planas cuando aparecieron los primeros informes sobre las irregularidades. . El abuso de la ley de tierras fue públicamente denunciado por miembros del Congreso. Oxfam publicó un informe extenso sobre el problema. INCODER, la agencia gubernamental de desarrollo rural que puede entablar demandas solicitando la anulación de transacciones ilegales que involucran a los baldíos, entabló unas cuantas de estas acciones . No obstante, el gobierno detuvo este proceso y reemplazó a los funcionarios de antigüedad de INCODER, evitando así mayores acciones contra las compañías.

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En un informe de 2014, la Contraloría General de La República de Colombia analizó catorce casos de acaparamiento de tierras, incluyendo al caso de Cargill. La agencia concluyó que al haber adquirido esta tierra ilegalmente, Cargill ocasionó que Colombia sufriera una pérdida de 43 millones de dólares. Además, a través de sus varias compañías pequeñas, Cargill obtuvo subsidios agrícolas a los que no tenía derecho ocasionando pérdidas adicionales de 11 millones de dólares. En una situación similar, se ordenó a una compañía brasileña que devolviera el dinero al gobierno.

Una demanda que cuestiona el abuso de la ley por Cargill

EDLC solicitó a un experimentado equipo de abogados en Colombia que analizara en profundidad las violaciones de derecho resultantes de las acciones de Cargill. El análisis ha llevado a la presentación de una demanda en agosto 2015 en nombre de las comunidades afectadas, con el objetivo final de que las adquisiciones de tierras sean declaradas ilegales por los tribunales colombianos. Esta es la más grande demanda sobre acaparamiento ilegal de tierras presentada hasta la fecha en América Latina.