Defensa de Tierras

Pueblo Mexicano Amenazado por una Represa

Una batalla librada en condiciones injustas

Fue a través de las noticias que los residentes de Temacapulín se enteraron por primera vez en 2008 que sus hogares serían inundados por la expansión de la represa El Zapotillo. Los abogados de la organización sin fines de lucro Colectivo COA fueron contratados prontamente y presentaron una solicitud sobre la base del derecho a la información. Como respuesta les fue dicho que la información sobre el proyecto era “reservada”. A continuación, los abogados presentaron un amparo que buscaba una orden restrictiva para detener la construcción hasta que los derechos de la comunidad fueran respetados. La orden restrictiva fue negada por la corte mexicana por el motivo que la represa no representaba una amenaza de daño inminente. Mientras tanto, el gobierno informó a los residentes que deberían “dejar sus hogares o ahogarse”. Frente a lo que ahora parecía ser una batalla legal larga e injusta, los abogados buscaron ayuda para diseñar una estrategia legal.

EDLC brinda un análisis legal y apoyo financiero

EDLC elaboró un análisis de las violaciones del derecho internacional y normas sobre desplazamiento forzado en el curso del proyecto por parte del gobierno mexicano. Se envió el análisis en un memorial legal y en un estudio pericial que fueron ampliamente utilizados en apoyo a las diferentes demandas para detener la represa. EDLC también brindó financiamiento crucial para los abogados locales.

Se obtuvo una decisión de la corte para detener la construcción de la represa en 2011. El fallo declaró que no se habían respetado los derechos de los residentes de Temacapulín ya que no se les informó ni consultó antes de que se tomara la decisión de incrementar el tamaño de la represa e inundar su pueblo. Pese a que la decisión fue una enorme victoria, el gobierno mexicano se ha negado a hacerla cumplir, y presentó una apelación observando cínicamente que “no sería decidida antes de que fuera demasiado tarde”.

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Una votación local sobre el proyecto de represa

Los residentes de Temacapulín organizaron también una votación (consulta) local en la que ellos expresarían su opinión sobre el proyecto. Debido a su amplio conocimiento y experiencia en apoyar iniciativas de votaciones locales, EDLC pudo brindar información y asesoría desde la etapa de planificación hasta el día de la votación, que se llevó a cabo en enero de 2011. La votación, validada por el instituto electoral del estado de Jalisco, resultó en un rechazo contundente al proyecto: más de 98% de los votantes se oponían al proyecto. Irónicamente, el mismo gobernador de Jalisco, quien había manifestado unos cuantos años antes que si “cincuenta por ciento más uno de los habitantes de Temacapulín no deseaban la represa, ésta no sería construida”, fue uno de los primeros en desestimar la votación como “no vinculante”.

El litigio continúa

En 2013, la Corte Suprema de México emitió un fallo determinando que el acuerdo firmado por el estado de Jalisco para incrementar el tamaño de la represa era inválido, y ordenó que no se construyera la represa con una altura mayor a ochenta metros, como se planificó originalmente. Los abogados han vuelto a la corte de primera instancia en varias ocasiones desde entonces y han tenido éxito en mantener esta orden vigente. Un ingeniero de represas holandés altamente experimentado, reclutado por EDLC, elaboró y presentó varios informes a la corte. A fines de 2014, él viajó a Temacapulin para ayudar a la comunidad y a sus abogados, y reunirse con las autoridades judiciales para discutir temas técnicos. Por ahora, el pueblo está a salvo.

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